Bravo por Merhi
La Comisión de la Verdad
"Fácilmente estará contento y sosegado el que, de verdad, tiene la
conciencia limpia"
Thomas de Kempis
Después de más de cinco años de los asesinatos del 11 de abril de 2002,
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos abrió sus puertas, en
Washington, para escuchar a los voceros de los familiares de siete de
las víctimas y del Gobierno en relación con los cruentos hechos ocurridos
ese día.
Los acusadores mostraron una maqueta del escenario y desde donde
salieron los disparos que segaron la vida de diecinueve personas, pero sólo
los familiares de siete de los fallecidos y cuatro heridos confiaron en
la ONG Vive, para llevar el caso a Washington. Los acusadores mostraron
cómo francotiradores desde diferentes lugares y pistoleros de Puente
Llaguno, atacaron a tiros a los participantes de una marcha pacífica e
inerme que protestaba contra el Gobierno del presidente Chávez.
Pasaron días, meses y cinco años después no ha habido acusados y menos
condenados por esa repudiable acción que condujeron a esas muertes
injustas. Tras los sucesos se habló en la Asamblea Nacional de la
conformación de una Comisión de la Verdad, que jamás vio la luz por las
prácticas dilatorias de los parlamentarios oficialistas.
Por fin, el caso llega a instancias internacionales en vista que
internamente nada se logró. Por cierto, los miembros de la CIDH se declararon
sorprendidos luego de enterarse de la desaparición de las evidencias,
denunciada por los acusadores.
Hoy se confirma que si esa Comisión de la Verdad hubiese actuado, tal
vez sabríamos quiénes fueron los asesinos, pero fue misión imposible y
la tal Comisión ni llegó a formarse.
Gracias a la tenacidad de Vive y del señor Mohamed Merhi, cuyo hijo fue
una de las víctimas, el caso pudo alcanzar las instancias
internacionales.
El Gobierno ha querido imputar por lo sucesos a miembros de la Policía
Metropolitana, que protegía a los manifestantes, y tres de sus
oficiales y ocho agentes, como chivos expiatorios, pagan con años de cárcel
pendientes de un juicio que no llega, porque presumiblemente no hay
pruebas contra ellos.
Avergüenza que aún a estas alturas sigamos en el limbo y debió ser el
Gobierno el primero en esclarecer esa aberrante masacre, pero más ha
podido el silencio.
Venezuela sigue en espera de justicia.
"Fácilmente estará contento y sosegado el que, de verdad, tiene la
conciencia limpia"
Thomas de Kempis
Después de más de cinco años de los asesinatos del 11 de abril de 2002,
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos abrió sus puertas, en
Washington, para escuchar a los voceros de los familiares de siete de
las víctimas y del Gobierno en relación con los cruentos hechos ocurridos
ese día.
Los acusadores mostraron una maqueta del escenario y desde donde
salieron los disparos que segaron la vida de diecinueve personas, pero sólo
los familiares de siete de los fallecidos y cuatro heridos confiaron en
la ONG Vive, para llevar el caso a Washington. Los acusadores mostraron
cómo francotiradores desde diferentes lugares y pistoleros de Puente
Llaguno, atacaron a tiros a los participantes de una marcha pacífica e
inerme que protestaba contra el Gobierno del presidente Chávez.
Pasaron días, meses y cinco años después no ha habido acusados y menos
condenados por esa repudiable acción que condujeron a esas muertes
injustas. Tras los sucesos se habló en la Asamblea Nacional de la
conformación de una Comisión de la Verdad, que jamás vio la luz por las
prácticas dilatorias de los parlamentarios oficialistas.
Por fin, el caso llega a instancias internacionales en vista que
internamente nada se logró. Por cierto, los miembros de la CIDH se declararon
sorprendidos luego de enterarse de la desaparición de las evidencias,
denunciada por los acusadores.
Hoy se confirma que si esa Comisión de la Verdad hubiese actuado, tal
vez sabríamos quiénes fueron los asesinos, pero fue misión imposible y
la tal Comisión ni llegó a formarse.
Gracias a la tenacidad de Vive y del señor Mohamed Merhi, cuyo hijo fue
una de las víctimas, el caso pudo alcanzar las instancias
internacionales.
El Gobierno ha querido imputar por lo sucesos a miembros de la Policía
Metropolitana, que protegía a los manifestantes, y tres de sus
oficiales y ocho agentes, como chivos expiatorios, pagan con años de cárcel
pendientes de un juicio que no llega, porque presumiblemente no hay
pruebas contra ellos.
Avergüenza que aún a estas alturas sigamos en el limbo y debió ser el
Gobierno el primero en esclarecer esa aberrante masacre, pero más ha
podido el silencio.
Venezuela sigue en espera de justicia.
